Resumen: Cuando en un recurso devolutivo se suscitan cuestiones de hecho relacionadas, directa o indirectamente, con la valoración de pruebas de las que depende la condena ex novo del acusado, resulta imprescindible la celebración de nueva vista pública para que el Tribunal ad quem pueda resolver tomando conocimiento directo e inmediato de ellas. Los principios de publicidad, inmediación y contradicción exigen oír personalmente a testigos, peritos y acusado que hayan prestado declaración en el juicio, a fin de llevar a cabo una valoración autónoma y no vicaria y poder corregir la efectuada por el órgano de instancia. El Tribunal de segunda instancia no puede modificar los hechos probados para propiciar una condena que revierta la absolución si tal mutación no viene precedida del examen directo y personal de acusados y testigos en un escenario público y con contradicción.
Imposibilidad de convertir en casación una absolución en condena a través del art. 849.2º LECrim. Solo cabría, en su caso, la anulación con reenvío de la causa al Tribunal a quo para nueva ponderación cuando sea patente e injustificable el error padecido.
Condena en costas a la acusación particular ex art. 240.3 LECrim: no es revisable en casación a través del art. 849.1º LECrim. No así la vulneración del art. 123 CP (condena en costas al acusado) que puede ser corregida en casación a través del art. 849.1º LECrim.
Resumen: Inmunidad de jurisdicción del personal de Naciones Unidas:i la inmunidad plena resulta de aplicación mientras la persona está ejerciendo en el cargo. Una vez que haya cesado, como ocurre en el presente caso, es aplicable la inmunidad funcional respecto palabras escritas o habladas y a todos los actos ejecutados en su carácter oficial. No consta que el Secretario General de la ONU haya decidido que procede la aplicación de la inmunidad de jurisdicción. Los actos que se imputan al reclamado no son necesarios de forma alguna para el ejercicio independiente de sus funciones como personal de Naciones Unidas. Debe ser frente al órgano judicial requirente de la presente extradición ante quien debería hacerse valer el supuesto "non bis in idem". Los hechos presuntamente delictivos por los que se dirige la acusación están perfectamente individualizados, sin que exista una duplicidad en los mismos. Las autoridades de los Estados Unidos de América ostentan jurisdicción para el conocimiento de los hechos. Concurrencia de doble incriminación respecto del blanqueo de capitales. No bastan las alegaciones genéricas sobre la situación de los Derechos Humanos y del sistema jurídico penal y carcelario del Estado reclamante, si la parte no hace alegación alguna concreta en relación con la persona o derechos del reclamado. VOTO PARTICULAR: considera que la competencia para levantar la inmunidad corresponde exclusivamente al Secretario General, lo que excluye cualquier decisión unilateral por parte de tribunales nacionales. Mientras no conste renuncia expresa, la inmunidad permanece vigente respecto de los actos realizados en el ejercicio del cargo, incluso si se discute su regularidad.
Resumen: Recursos de apelación contra sentencias absolutorias: el tribunal de apelación no puede sustituir la valoración del tribunal de enjuiciamiento por la suya propia para declarar la nulidad de la sentencia recurrida y en su caso del juicio. Su función se limita a examinar si el tribunal ha podido incurrir en irracionalidad, falta de coherencia, insuficiencia o error patente en la motivación. Existencia de un margen de duda, por lo que la regla "in dubio pro reo" conduce a adoptar la alternativa más favorable al acusado cuando el tribunal no ha alcanzado con la prueba practicada una certeza exenta de dudas razonables.
Resumen: El auto que se recurre no es susceptible de ser recurrido directamente en casación. Se recurre la confirmación del auto de conclusión del sumario dictado por el Juez Instructor y se sobresee libremente la causa, declarándose de oficio las costas causadas. En el caso objeto de esta casación nos encontramos con un auto de archivo por sobreseimiento libre de las actuaciones, ratificado por la Audiencia, que puede ser recurrido en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia y solo en el caso, de su confirmación tendría acceso a la casación .
Resumen: Agresiones con machete a varias personas, causando lesiones a dos de ellas y la muerte a de otra. Elemento subjetivo del injusto del delito de terrorismo incompatible con el cuadro de descompensación psicótica aguda, de filiación esquizofrénica, con un importante grado de compromiso afectivo y conductual, ideación delirante de perjuicio y mesiánicos, que sufría el acusado en el momento de cometer los hechos. Delitos de asesinato, uno en grado de consumación y otro en tentativa. Delito de lesiones. Delito de interrupción de ceremonia religiosa. Agravante especifica de alevosía compatible con la eximente de alteración psíquica. Los hechos probados no integran el delito de profanación, ni delito de odio. Imposición de medida de seguridad de internamiento en establecimiento psiquiátrico penitenciario por un tiempo máximo de treinta años. VOTO PARTICULAR: considera que que el trastorno psiquiátrico no tratado que padecía el procesado, apreciado como circunstancia eximente de la responsabilidad criminal en dicha Sentencia de la mayoría, no excluye la comisión por el mismo de los delitos de asesinato terrorista, asesinato intentado terrorista y lesiones terroristas.
Resumen: La acusación particular formula recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial que acordó la absolución de los acusados porque las diligencias de investigación se practicaron después del transcurso del plazo de instrucción previsto en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Doctrina de la Sala. Régimen de los plazos de instrucción establecido en la Ley 41/2015. La condición normativa de adquisición en tiempo de las fuentes de prueba fijada en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone una preclusión procesal cuya desatención no determina la nulidad de la prueba, sino la irregularidad en la obtención para la investigación y, con ello, su invalidez a los efectos del artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La prohibición de incorporar diligencias de investigación, una vez agotado el plazo de instrucción, no conlleva que la información de las pruebas intempestivas no pueda ser aportada a juicio bien mediante la proposición de pruebas en los escritos de calificación, bien mediante su proposición en el acto del juicio. La Sala desestima el recurso de casación al ratificar que las diligencias de investigación, incluidas las declaraciones de los investigados, se acordaron fuera de plazo de instrucción y, por tanto, debía dictarse sentencia absolutoria.
Resumen: Cosa juzgada extradicional: ni la normativa europea ni la normativa española han atribuido, por regla general, ningún efecto vinculante a las previas resoluciones dictadas, en materia de entrega de personas, por otros Tribunales de la Unión Europea. Pese a la existencia de la resolución del Tribunal de Croacia que considera procedente la extradición, el gobierno de Croacia no llegó a acordar finalmente la entrega del reclamado, lo que no excluye el inicio de un nuevo proceso extradicional en nuestro país. El posible acuerdo para el traslado del reclamado a efectos de solicitud de protección internacional no genera la paralización del proceso de extradición.
Resumen: Petición de nulidad en relación al pronunciamiento absolutorio respecto del delito de simulación de delito; no debió valorarse la petición de la acusación. Formulada petición en el escrito de acusación y recogida erróneamente en el auto de apertura de juicio oral, ese hecho no se incluía en el auto de procedimiento abreviado. En sede de instrucción, no se imputó simulación de delito ni se interrogó sobre la falsedad de los hechos y la denuncia. Petición de agravación de la pena de lesiones por abuso de superioridad: en el escrito de acusación no se hace constar la presencia de circunstancias agravantes. Prueba de cargo para la condena.
Resumen: Sentencia que condena por delitos de maltrato y coacciones continuadas en violencia de género y por delito leve de vejaciones injustas y absuelve de maltrato habitual y amenazas en el ámbito de violencia de género. Recurre la acusación particular por los pronunciamientos absolutorios. Solicitud de nulidad de tales pronunciamientos. Se alega que no se ha ponderado correctamente la declaración de la víctima. El escrito de recurso se limita a exponer una valoración de la prueba distinta de la desarrollada en la sentencia de instancia, repasa algunas de las pruebas practicadas y llega a una conclusión diferente, discrepante con la convicción judicial, pero no justifica que esta sea defectuosa, que se fundamente en un análisis irracional, contrario a las reglas de la lógica. Impugnación del pronunciamiento sobre responsabilidad civil: el daño moral está reconocido en la resolución impugnada, aunque no el psicológico o emocional, por propias manifestaciones de la víctima.
Resumen: Incursión por inspector de policía con la clave asignada, sin habilitación a tal efecto, a la información de la totalidad de las Escrituras Públicas otorgadas por una persona ante Notarios y que obraban en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado, tras lo que envió la información a otro, conocedor de su procedencia, que se la envió a otras personas, para utilizarla en un procedimiento judicial. Ausencia de vulneración de derechos fundamentales en los acusados. Cadena de custodia respetada. Inexistencia de investigación prospectiva. No se aprecia cosa juzgada por el pronunciamiento absolutorio en otra pieza del procedimiento: diferencia temporal y subjetiva de los sujetos pasivos. Autos declarando el secreto de las actuaciones que no incurrieron en causa de nulidad. No el delito de cohecho: desarrollo normal de la labor de un letrado ante la petición de su cliente, sin ofrecimientos o exigencias de dádivas por parte de un funcionario. Delito de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometido por funcionario público. Concepto de acceso no autorizado: incluye acceso por un autorizado fuera del ámbito de la autorización. Por datos de carácter personal ha de entenderse toda información sobre una persona física identificada o identificable. El ámbito de aplicación alcanza a cualquier información que afecte a la privacidad de una persona y que pueda servir para obtener un conocimiento de sus circunstancias, condiciones, opiniones o preferencias.
